Escribir
tres entradas seguidas -esta es la tercera que se publica hoy, pero fue la
primera en escribirse- puede ser un proceso agotador. No por el hecho de tener
que pulsar las teclas, ni por tener que escurrirme el magín pensando en qué
escribir, sino simplemente porque el hecho de verter mi (quiero pensar que)
justa indignación en mis palabras, y hacerlo por triplicado, resulta
extenuante, creedme.
Hace
algunos días dije, probablemente a propósito de este tema -lo sé, lo sé, lo
fácil sería consultar el blog, y poder poner aquí el enlace, pero tampoco voy a
hacerlo yo todo, ¿no? Hale, buscad-, que uno de los grandes males del sedicente
estado de las autonomías era que competencias que deberían estar en
manos del Estado -del poder central, estatal, nacional o como queramos
llamarlo- quedaban al albur de las decisiones de los poderes regionales.
Esto
no es algo necesariamente malo, cuando esos poderes regionales se comportan
como se supone que deberían de comportarse. Pero, ¡ay!, no vivimos en un mundo
ideal, sino en el real, y los poderes públicos se comportan, en general, del
peor de los modos posibles.
Resulta
así que, en poder las competencias penitenciarias de un gobierno regional, y
siendo este gobierno de índole sediciosa, no es de extrañar que en cuanto ha
podido haya concedido el tercer grado a los golpistas condenados (sólo tendrán
que pernoctar entre semana en prisión, salvo que se les apliquen métodos de
control telemático). Su estancia en prisión ha durado lo que un embarazo
humano, nueve meses.
Aunque,
si consideramos que no entraron justo después de promulgarse la sentencia, su
condena casi podría considerarse un aborto.
¡¡¡VIVA ESPAÑA!!!
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