Uno de los mayores errores estratégicos de España en el problema originado por los secesionistas catalanes ha sido, probablemente, la renuncia a combatir en el campo de la comunicación. Al otro lado de los Pirineos, la única versión que ha sonado es la de los separatistas.
En el caso de la izquierda, ha
sido por complicidad. Lo único que les interesa es detentar el poder, y todo lo
demás, España incluida, no se les da un ardite. En el caso de la derecha, esa
mezcla de abulia ideológica y de incapacidad de transmitir los propios logros y
objetivos.
Por ello, anda por ahí un informe
del Consejo de Europa, elaborado por un letón -que, con todos mis respetos para
el país báltico, ya me diréis qué demonios sabe sobre el separatismo catalán-,
que sostiene que los condenados por el butifarrendum II son presos
políticos, y que lo que se está coartando es su libertad de expresión. Vox, que
al menos tiene la virtud de no tener pelos en la lengua, ha calificado al autor
de mentiroso bien pagado y de comportarse como un inbécil, y al
documento de Infame.
Lo más (tristemente) gracioso es
que insta a resolver las diferencias sin recurrir al Derecho penal. Un contrasentido:
cuando se cometa un delito, la única rama del ordenamiento jurídico que no
cabría emplear, al menos en este caso, sería la penal.
Pero es más: el informe altera
los hechos para comprar el relato independentista catalán, y supone un desprecio a la independencia judicial y a España. Claro, que si no nos respetamos a nosotros mismos, ¿cómo queremos que nos respeten?
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