Mientras se lo permite la politización que impregna toda lo público español desde hace cuatro décadas -desde que los socialistas volvieron al poder y estropearon lo que de salvable tenía la Constitución de 1.978, estropicio que la derecha no ha tenido la voluntad o los redaños de enmendar-, el Tribunal de Cuentas mantiene firme el pulso en su enjuiciamiento de las responsabilidades contables de los separatistas catalanes.
De momento, ha ordenado el embargo de los bienes de treinta y cuatro ex altos cargos de la administración regional catalana. A cualquiera le duele cuando le tocan el bolsillo, pero a los
catalanes, arquetípicamente, más todavía.
Pues que se fastidien.
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