Como digo con cierta frecuencia -no sólo porque piense que es cierto, sino también como recurso estilístico (decir literario sonaría pretencioso, hasta para mí) machacón-, en España los partidos de izquierdas y los regionalistas tienen bastantes cosas en común (por ello no es de extrañar, se me ocurre según escribo, que con tanta frecuencia vayan de la manita).
Una de esas cosas es la tendencia
a patrimonializar lo público, en considerarlo no como algo al servicio de los
ciudadanos, sino como un medio más a emplear en la consecución de sus fines
partidistas, sin importar si los malbaratan o, directamente, los destrozan en
el proceso.
Esto ocurrió la semana pasada.
Ante la negativa de las entidades privadas de crédito -los bancos, vamos- a
avalar las fianzas ante el Tribunal de Cuentas de los golpistas catalanes, el
consejo regional de gobierno recurrió al Instituto Catalán de Finanzas (me
supongo yo que la versión con barretina del Instituto de Crédito Oficial). Y la
institución aprobó avalar las fianzas, aunque no fuera esa su función.
Es más, lo hizo por la mínima,
recurriendo al voto de calidad de su presidente, y con todos los consejeros
independientes votando en contra de semejante decisión. Eso, después de que hubieran dimitido tres consejeros independientes. Es decir, que para
cubrir unas fianzas derivadas de una malversación de fondos públicos, se
recurre… a fondos públicos.
Así entiende esta gente la política.
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